jueves, 21 de marzo de 2013

Los recortes acechan a la joya de la corona

Los recortes acechan a la joya de la corona

Los recortes se acercan a la principal joya del Sistema Nacional de Salud (SNS): los trasplantes. Es de una forma indirecta, pero los planes del Gobierno han hecho saltar las alarmas de los sindicatos, los profesionales, los partidos políticos y de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que representa un modelo de gestión pionero en el mundo. Unos temores que se acrecentaron cuando se conocieron los pliegues de condiciones de las subvenciones a instituciones y entidades para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos, unas prácticas complejas que incluyen el procedimiento de extracción e implantación de órganos o los conocimientos para el buen funcionamiento del protocolo o la gestión de la relación con los familiares de un fallecido para que sean más proclives a la donación de los órganos.
Un dinero que da el Estado y cuyos requisitos, gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se han visto endurecidos. Así es necesario un informe favorable o desfavorable del departamento que dirige Cristóbal Montoro «sobre la concesión de subvenciones o suscripción de convenios». Uno de los requisitos para recibir este dinero es que la entidad pública en concreto -en este caso las comunidades autónomas- cumplan con el objetivo de déficit.
Precedentes
Además, las administraciones deberán demostrar que disponen de la estructura y capacidad de gestión suficientes para realizar la actividad y que haya cumplido con sus pagos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. En la actualidad, seis comunidades superan el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB): Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares. Y podrían ver congeladas estas subvenciones de dos millones en abril, cuando se decidan las partidas. «Iremos aplicando la ley en función del esfuerzo de reducción del déficit público por parte de las comunidades autónomas, no automáticamente», señaló Montoro en los pasillos del Congreso de los Diputados.
Sin embargo, ya se han producido antedentes en que el incumpliento del déficit ha provocado que el dinero se esfume. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) vio cómo la semana pasada se quedaba sin 1,6 millones por la deuda de la Generalitat catalana. El Instituto Valenciano de Arte Moderno también se quedó sin 650.000 euros por un motivo idéntico: la deuda de su ejecutivo regional.
Ante este panorama, la ONT pidió a Hacienda que atienda a la singularidad del sistema nacional de trasplantes y que no recorte ninguna subvención porque es un elemento cohesionador. «De ahí la importancia de mantener este tipo de subvenciones a todas las comunidades, puesto que el sistema español de trasplantes es un ejemplo de coordinación basado en la colaboración y el intercambio de órganos entre las diferentes comunidades», subrayó la institución que dirige el doctor Rafael Matesanz en un comunicado. Además, recalcó que el Ministerio de Sanidad está trabajando para lograr en el momento en que se publiquen las subvenciones, que Hacienda emita «un informe acorde» con las necesidades de la Organización Nacional de Trasplantes.
La oposición también rechazó que se recorte en este tipo de partidas. «Espero que el Gobierno dé marcha atrás en esta decisión. Se trata de un ataque fortísimo al sistema sanitario y de trasplantes», aseguró la esponsable de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez. El principal partido de la oposición e Izquierda Unida pedirán la comparecencia de la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que explique en el Congreso de los Diputados esta situación.
Por su parte, los sindicatos también rechazaron estas medidas. «Los recortes no pueden afectar a servicios esenciales de la Sanidad», recalcó Pilar Navarro, secretaria del Sector de Salud y Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FSP-UGT. «Nuestro sistema es puntero en el mundo», recalcó Navarra. España mantiene su liderazgo mundial en el campo de los trasplantes y en 2012 realizó 4.218 operaciones de este tipo, un 11,8% (500 intervenciones) más que en el año anterior. En total, 1.667 españoles donaron sus órganos, una tasa de 35,3 por cada millón de personas.
A pesar de estas cifras, el doctor Matesanz ya señaló hace unos meses la necesidad de restructurar un poco el sistema «antes de que nos lo impongan». Sobre todo hizo referencia a las unidades coronarias, que han sufrido un descenso en los últimos años y cuyo nivel de coste-eficencia no es el más adecuado.

http://www.20minutos.es/noticia/1764314/0/denuncia/rato-blesa/caja-madrid/

Rodrigo Rato
  • UPyD presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la caja madrileña, su consejo de administración y 17 altos cargos.
  • Se les acusa de delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, administración fraudulenta y falsedad en la información económica.
  • La entidad madrileña aportó en 2010 unos activos "hipotéticos" de 152.230 millones para controlar el 52% de BFA-Bankia. En 2012 valían -13.000 millones.
  • Lee aquí el desglose de remuneraciones del comité de dirección de Caja Madrid entre 2007 y 2011.
El comité de dirección de Caja Madrid, del que formaron parte los expresidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato, se adjudicó entre 2007 y 2011 unas remuneraciones totales de 71,4 millones de euros. Estas "desorbitantes" retribuciones constan en los documentos adjuntados por Unión Progreso y Democracia (UPyD), que ha presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida (entre otros) en la entidad madrileña.
Rato percibió en 2010 algo más de 2,7 millones, mientras que Blesa se embolsó más de 12,4 entre 2007 y 2011El expresidente Rodrigo Rato, actualmente imputado en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia, percibió más de 2,7 millones solo en 2010. Su antecesor en el cargo,Miguel Blesa (también imputado por la concesión de créditos irregulares al empresario Gerardo Díaz Ferrán), cobró por su parte 12,4 millones en el periodo 2007-2011. Su remuneración en este último año (con indemnización incluida) superó los 3,5 millones, tal como consta en el informe de remuneraciones incluido en la denuncia.
La denuncia presentada por el abogado Andrés Herzog (que también lleva las querellas de Bankia y Banca Cívica) pretende investigar la gestión de Caja Madrid donde no alcanza la ya iniciada por el juez Fernando Andreu por la salida a Bolsa y posterior rescate de Bankia. La intención de la acusación esdepurar responsabilidades y descubrir por qué una entidad "con unos hipotéticos activos por valor de 152.230 millones"acabó nacionalizada por el FROB tras una valoración independiente (llevada a cabo por los bancos Credit Agricole, Rothchild y Goldman Sachs) que arrojaba un valor en 2012 de -13.635 millones.

Afloramiento tras el rescate

Así, apenas 18 meses después de la fusión de Caja Madrid con Bancaja y otras cinco cajas, el 25 de junio de 2012 "se produce el afloramiento de la verdadera situación patrimonial de BFA y, por ende, de las Cajas de Ahorro propietarias de la misma, que pierde el 100% de su participación en favor del FROB", argumenta la denuncia.
Mientras el Banco de España alertaba de la situación patrimonial en 2010, Caja Madrid presumía de haber mejorado su solvenciaCómo fue posible llegar siquiera a la fusión de cajas con una situación patrimonial tan precaria será otra de las preguntas que deberá responderse en sede judicial. Y es que pese a la imagen "solvente y saneada" que presentaba la entidad, lo cierto es que los informes de inspección del Banco de Españaya alertaban de una situación "ciertamente preocupante". Los supervisores alertaban en diciembre de 2010 de que la caja afrontaba serios problemas de deterioro: crecimiento de la morosidad (se duplicó rápidamente), reducción de los activos inmobiliari0s y maquillaje contable para aparentar menores impagos.
La situación patrimonial real de Caja Madrid contrastaba según la denuncia, no obstante, con la información que ésta seguía dando a los inversores. La entidad, en 2010, publicó una mejora de sus ratios de solvencia (del 10,10% al 10,60%) y un empeoramiento "mínimo" de la morosidad, así como unos resultados globales similares a los de 2009.
Ante estos acontecimientos, y a fin de evitar el riesgo de que estos delitos prescriban, la formación liderada por Rosa Díez ha optado por llevar ante los tribunales a los antiguos gestores de Caja Madrid. "Es una oportunidad para que la Fiscalía haga su trabajo", ha señalado el abogado Andrés Herzog.

Consulta la portada, edición nacional, del jueves 21 de marzo » El Supremo anula las ‘cláusulas suelo’ hipotecarias si no son transparentes


El fallo establece jurisprudencia sobre los límites a los descensos del euríbor

El Alto Tribunal no prevé la devolución de lo pagado de más por estas prácticas

Las cláusulas suelo, las condiciones de los préstamos hipotecarios a tipo variable que impiden que las cuotas bajen aunque el índice de referencia (en la inmensa mayoría de los casos, el euríbor) sí lo haga, son nulas “en los casos de falta de transparencia”. Así lo decidió por unanimidad el pasado 8 de enero el pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo y así lo comunicó en una escueta nota de prensa.
El letrado de Ausbanc, asociación que llevó el caso a las tribunales, insiste en que los bancos deberían devolver el dinero cobrado de más a los que firmaron contratos de este tipo. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su nota, dice lo contrario: “Se declara que este pronunciamiento no comporta devolución de las cantidades ya satisfechas”.
La decisión, la primera del alto tribunal al respecto, es firme. La nota no explica cuáles son los casos de falta de transparencia, ni quién decidirá qué cláusulas son nulas o no. La sentencia definitiva sobre el caso está pendiente de redactar por el magistrado ponente, Antonio Salas Carceller, quien deberá comunicarla a las partes. “Tenemos montones de dudas todavía”, indicó Rafael García Carrellán, letrado de Ausbanc. Se presentaron acciones contra tres contratos tipo de BBVA, la entonces Caixa Galicia (hoy NCG Banco) y Cajamar. Los contratos fijaban unas cláusulas suelo de entre el 2,5% y el 3,25% (el euríbor de febrero cerró al 0,594%) y unas cláusulas techo (límite máximo de los intereses) entre el 10% y el 15%. Estas son las condiciones que el Supremo han declarado nulas.
Los bancos argumentaron entonces que el perjuicio para los clientes que suponía la cláusula suelo se veía compensado por la protección ofrecida por la cláusula techo. El 14 de octubre de 2010, el juzgado número 2 de lo Mercantil de Sevilla indicó que “desde la creación del euríbor, no se escapa al sentido común que un préstamo a tal interés [el de las cláusulas techo], manteniendo las demás circunstancias ahora vigentes (...) sería materialmente imposible”.
El juzgado consideró entonces que un “desfase” tan amplio entre ambas cláusulas solo beneficiaba a los bancos, por lo que declaró nulas las condiciones y prohibía a las entidades seguir comercializando préstamos que las incluyeran. Los bancos recurrieron ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que les dio la razón. Ausbanc recurrió.
La Asociación Española de Banca (AEB) afirmó en una nota de prensa que la decisión del Tribunal Supremo confirma la legalidad de las cláusulas suelo y señaló que la transparencia en los préstamos está “garantizada” por la “doble intervención de fedatario público: notario y registrador”.
Este pronunciamiento se produce una semana después de que el Tribunal de Justicia de la UE haya dictaminado que el régimen procesal español sobre desahucios es contrario a las normativas europeas. Por otro lado, el pleno de la Sala de lo Civil, encabezado por el presidente Juan Antonio Xiol, cerrará hoy el debate sobre si declara abusivas las cláusulas “suelo” y “techo” de algunas hipotecas o si cabe responsabilizar a los bancos por inversiones de “alto riesgo” como las denominadas participaciones preferentes.
Además de este recurso, tiene sobre la mesa la petición de declarar la responsabilidad de los bancos por la gestión de capital ajeno en productos de inversión financiera de alto riesgo y la alegación de incumplimiento de los deberes de diligencia en información del riesgo en la adquisición de valores.

La luz bajará en torno a un 6,5% en abril, la mayor caída en más de 40 años


El ministro Soria confirma la histórica rebaja al anunciar que el Gobierno congelará la parte que regula del recibo

Una tregua para el castigado bolsillo de los consumidores. La Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que están acogidos la mayor parte de los recibos de la luz en nuestro país, bajará en torno a un 6,5% a partir del 1 de abril después de que la subasta eléctrica de este miércoles entre las comercializadoras habilitadas para el suministro a tarifa se haya cerrado con caídas de precios del 15%. Es la mayor bajada en el recibo de la luz en al menos los últimos cuarenta años, según los datos consultados por ABC.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha confirmado hoy la bajada, ya que el Gobierno cumplirá con su compromiso de mantener los peajes a los costes regulados del sistema eléctrico. «El Gobierno va a mantener congelado la parte correspondiente a los peajes. De forma que si, como consecuencia de la subasta ha habido una disminución de aproximadamente de un 14%, la repercusión en el recibo de la luz va a ser una bajada para el próximo trimestre de aproximadamente un 6,5%», ha explicado Soria.
El ministro ha valorado de forma «favorable» la noticia porque el hecho de que baje el precio de un servicio como es el de el recibo de la luz es «positivo» para todas la familias y, sobre todo, para las que se acogen al tarifa de ultimo recurso, que son la mayor parte en España. Respecto a si en un futuro el Gobierno subirá los costes regulados del sistema eléctrico, Soria ha señalado que es una cuestión que en estos momentos no se ha planteado de cara al siguiente trimestre. «Vamos a esperar a ver cual es la evolución del mercado y el efecto de las medidas que se están adoptando, así como de otras medidas que están en marcha y que se adoptarán dentro de no mucho y, por tanto, en función de eso el Gobierno irá decidiendo», ha añadido.

martes, 19 de marzo de 2013

Mercado inmobiliario Los extranjeros vuelven a comprar casas en España como antes de la crisis


  • El 42% de las operaciones se cerró por un precio de más de 160.000 euros
  • Los rusos se consolidan como segundo mercado en importancia, solo superado por los británicos
  • Cinco Días
    Panorámica de Málaga, en la Costa del Sol.
    La rebaja de precios y la mejora de la imagen del país en el exterior explican buena parte del aumento de extranjeros que decidieron comprar vivienda en España en 2012. La estadística, que se nutre con datos del Consejo General del Notariado, especifica que sus cifras se refieren al número de ciudadanos de esa condición, es decir, extranjeros y no residentes, que compran inmuebles, “por lo que los números no contabilizan las casas, sino los propietarios. De hecho, una misma persona puede haber adquirido más de un inmueble”, explican fuentes de este organismo.
    Así, en 2012 un total de 38.312 ciudadanos extranjeros no residentes compraron casa en España, lo que representa un incremento del 28,4% respecto a 2011 y supone prácticamente equipararse al volumen de ventas de 2007, primer año de la serie histórica que elaboran los notarios y último antes de que estallara la crisis. Entonces, fueron 41.787 los foráneos que optaron por adquirir una propiedad en España.
    El desglose que hace la estadística según la ubicación de los inmuebles permite comprobar qué destinos se han mantenido en los últimos seis años entre los favoritos de los extranjeros que eligen España para tener una segunda residencia y qué territorios pierden enteros. Murcia y Andalucía son las dos comunidades autónomas donde más cae el número de compradores, mientras que Cataluña registró el año pasado más del doble de compradores que los que tenía en 2007. La Comunidad Valenciana también recupera los niveles que registraba antes de la crisis y, de manera sorprendente Madrid logró atraer en 2012 a 204 extranjeros no residentes que decidieron comprar vivienda en la región, cuando en 2007 apenas lo hicieron 68.
    Nacionalidades y precios
    Por países de origen también se han producido cambios respecto a lo ocurrido en el pasado. Por primera vez, los rusos se han convertido en los segundos compradores de vivienda por volumen, solo superados por los británicos. Las cifras muestran que son ya más numerosos los rusos que compran vivienda en España que los franceses, tradicionalmente el segundo mercado en importancia. Además, noruegos y belgas han superado a alemanes e italianos que eran otros de los extranjeros que más casas solían comprar en toda la costa mediterránea y, en especial, en ambos archipiélagos. De hecho, Italia se desploma en esa clasificación, sin duda afectada por la severa recesión que asola a su economía, y ya son más los ciudadanos procedentes de países como Argelia, los que optan por invertir en el mercado español.
    “La rebaja de precios ha sido clave, pero también lo ha sido la aprobación de nuevas normas urbanísticas que parecen alejar el fantasma de las demoliciones de las casas a pie de playa. Esas dos circunstancias, unido al hecho de que parece ya descartado el rescate global de la economía española, es lo que ha alentado la compra de inmuebles este año”, explican en una inmobiliaria de la Costa del Sol.
    En los precios, las cifras revelan cómo ha ido cambiando la coyuntura del mercado. Mientras a comienzos de 2008 el precio medio que alcanzaban las operaciones llegó a rozar los 320.000 euros, el año pasado no superó los 230.000, si bien se detectó un significativo repunte en diciembre. No obstante, de todas las adquisiciones cerradas el año pasado, el 42% se cerró a un precio por encima de los 160.000 euros que el Ejecutivo ha marcado como límite a partir del cual prevé conceder el permiso de residencia a los extranjeros que compren casas en España.

    Polémica por la concesión del permiso de residencia

    El anuncio que efectuó el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, a finales de 2012 sobre la posibilidad de conceder el permiso de residencia a aquellos extranjeros que compraran una vivienda de más de 160.000 euros causó un gran revuelo.
    Pese a ello, el proyecto sigue su curso, pero en la más absoluta discreción. Nada o casi nada se sabe acerca de en qué estado se encuentra, pero según ha podido saber CincoDías el Gobierno pretender ir más allá. Ahora lo que se baraja es que se conceda dicho permiso no solo a los extranjeros que inviertan en ladrillo, sino a aquellos que compren deuda soberana o creen una empresa y generen empleo e incluso a todos los que se embarquen en cursos de larga duración en escuelas de negocios o que acudan a ellas como profesores. Todo esto se enmarcaría dentro de una estrategia para favorecer el emprendimiento de extranjeros en España y la atracción de nuevo talento, en paralelo al paquete de medidas ya aprobado para impulsar la actividad de los emprendedores españoles.
    Una comisión interministerial pilotada desde Moncloa es la encargada ahora de establecer todos los requisitos que deberán cumplir aquellos que quieran obtener la residencia, aunque ya se conoce que, por supuesto, deberán carecer de antecedentes penales, contar con medios económicos suficientes para sufragar su estancia y viajar a su país de origen y tener contratada una póliza que les cubra la asistencia médica en España.
    A falta de cerrar los últimos flecos sobre las garantías de estabilidad en el empleo que se exigirá a los nuevos residentes, fuentes del Gobierno diseñan la estrategia para comunicar esta iniciativa “de la forma más adecuada”.

¿Cómo me afecta la reforma de la jubilación parcial y anticipada?


¿Cómo me afecta la reforma de la jubilación parcial y anticipada?

Retirarse antes de tiempo será más difícil y supondrá una menor pensión

Hará falta más edad, más cotización y aumentan las penalizaciones

 Madrid 15 MAR 2013 - 22:24 CET

El decreto ley aprobado ayer por el Gobierno hará más difícil jubilarse antes de la edad legal y además supondrá para quienes lo hagan un mayor coste. También se complica la jubilación parcial. En cambio, se abre la puerta a compatibilizar trabajo y el 50% de la pensión. Estas son las principales medidas:

Para acceder a la jubilación anticipada

  • Más edad. Hasta ahora, la edad de acceso era de 61 años. Ahora, será la inferior en 4 años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación establecida con carácter general. Así, ira pasando de 61 años y un mes a 63 años.
  • Desde el paro. Se puede acceder cuando el cese en el trabajo es involuntario, consecuencia de una situación de crisis o cierre de la empresa. Quienes la soliciten deben haber estado inscritos como parados, al menos, 6 meses.
  • Más cotización mínima. Se eleva de 30 a 33 años el periodo mínimo de cotización efectiva exigido. A estos efectos, se puede computar hasta un año de mili o de prestación social sustitutoria.
EL PAÍS
  • Más penalización. Se endurecen los coeficientes reductores de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento de la jubilación anticipada, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación. Una vez aplicados los coeficientes reductores, el importe de la pensión no podrá superar la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.
  • Nueva jubilación anticipada voluntaria. Junto a la jubilación anticipada forzosa, que era la única que existía hasta ahora (aunque a veces se distrazasen de tales acuerdos voluntarios entre la empresa y el trabajador) se crea ahora una jubilación anticipada voluntaria. La edad de acceso deberá ser inferior en dos años, como máximo, a la edad ordinaria de jubilación establecida con carácter general. Es decir, irá pasando de los 63 años y un mes actuales a los 65 años. En este caso, harán falta 35 años de cotización efectiva (se podrá computar uno de mili u objeción de conciencia). Además, los coeficientes reductores son más agresivos (ver tabla). El importe de la pensión ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada. Es decir, esta figura no es compatible con complementos a mínimos.

Para acceder a la jubilación parcial

  • Más edad. Se eleva progresivamente la edad de acceso hasta llegar a los 63 siempre y cuando se tenga 36 años y 6 meses cotizados o más y hasta llegar a los 65 años si cuenta con 33 años cotizados o más.
  • Menos reducción de jornada. Sigue habiendo que acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. La reducción de la jornada de trabajo del jubilado parcial debe estar entre un mínimo de un 25% y un máximo del 50% (antes, el 75%). Se puede llegar al 75% (antes, al 85%) en los casos en que el trabajador que releve al jubilado parcial sea contratado a jornada completa mediante un contrato fijo, a tiempo completo, y una duración mínima de, al menos, dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. El incumplimiento de esta condición generará obligaciones de compensación al empresario.
  • Más periodo de cotización. Se eleva de 30 a 33 años el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial.
  • Base de cotización creciente. Se mantiene la exigencia de que la cotización correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65% del jubilado parcial. Además, durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada completa, si bien este punto se aplica gradualmente comenzando con un 50% de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa e incrementándose un 5% cada año hasta llegar al 100%.

Para trabajar y cobrar pensión a la vez

  • La mitad de la pensión. Se facilita la posibilidad de cobrar el 50% de la pensión ser a la vez trabajador en activo, tanto por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial.
  • Cotización solidaria. Se exime del pago de buena parte de las cotizaciones sociales, aunque se introduce una llamada “cotización de solidaridad” del 8% (6% a cargo de la empresa, 2% a cargo del trabajador). Para acceder a esta modalidad se deberán haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora. Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento.
  • También para funcionarios. Al final, el Gobierno ha decidido establecer para los funcionarios condiciones semejantes para compatibilizar empleo y pensión.